El pasado 19 de octubre, fue presentado al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 

El documento, recoge un modelo mixto de regulación y autoregulación. La regulación por obligación de formalizar por escrito los contratos alimentarios y de incorporar una serie de elementos esenciales, pactados libremente por las partes. Se consedirarán algunas excepciones, tanto por precio del contrato, como por desequilibrio entre las partes.

Se prohíben determinadas prácticas comerciales, como las modificaciones unilaterales de los contratos y los pagos comerciales no previstos, y se regulan otras como el suministro de información comercial sensible, la gestión de marcas y las subastas electrónicas. Se establece un régimen sancionador, tipificándose las infracciones y sanciones, desde los 3.000 euros para leves hasta el millón de euros para las muy graves. Ademas se crea el Observatorio de la cadena Alimentaria, que informará de la propuesta de un código de buenas prácticas y promoverá la adhesión de los operadores.