La lucha contra la enfermedad de Newcastle entra en una nueva fase en España. Tanto la Comunitat Valenciana como Castilla y León han aprobado resoluciones con medidas extraordinarias destinadas a reforzar el control sanitario, incrementar la bioseguridad y evitar la propagación de uno de los virus más contagiosos para las aves.

Aunque ambas administraciones persiguen el mismo objetivo, las estrategias presentan diferencias significativas. Mientras la Comunitat Valenciana apuesta por un amplio plan de vigilancia epidemiológica, Castilla y León, con focos activos, endurece las restricciones imponiendo la vacunación obligatoria y autorizando el enterramiento de cadáveres dentro de las propias explotaciones situadas en zonas restringidas para minimizar el riesgo de difusión del virus.

En la Comunitat Valenciana, la resolución contempla un programa intensivo de vigilancia que incluye la toma sistemática de muestras en explotaciones comerciales, de autoconsumo, palomares y núcleos zoológicos. Además, se implanta un seguimiento serológico de las gallinas ponedoras para comprobar la eficacia de la vacunación, un plan específico para evaluar la inmunidad en broilers y pavos, inspecciones de bioseguridad en explotaciones y vehículos, así como programas de formación para titulares y operarios del sector.

El documento también pone el foco en posibles reservorios del virus, como los palomares y las aves silvestres, y prevé controles mediante técnicas PCR para detectar de forma precoz la circulación del virus. Asimismo, la Generalitat destaca la colaboración del sector avícola y del Centro de Calidad Avícola y Alimentación Animal (CECAV) en el desarrollo de estas actuaciones.

Por su parte, Castilla y León adopta una línea de actuación más restrictiva. La resolución establece la vacunación obligatoria en todas las explotaciones avícolas de producción y reproducción —excepto las de autoconsumo—, con un calendario progresivo que comenzará en agosto en Valladolid y Segovia y se extenderá a toda la comunidad en septiembre.

Además, la Junta autoriza el enterramiento "in situ" de cadáveres de aves, estiércoles y otros materiales potencialmente contaminados en las explotaciones ubicadas dentro de las zonas restringidas. La medida pretende evitar el transporte de estos residuos, considerado un importante riesgo epidemiológico durante un brote. La resolución establece estrictas condiciones técnicas para estos enterramientos, incluyendo aislamiento mediante láminas impermeables, uso de cal viva, distancias mínimas respecto a cursos de agua y medidas de protección ambiental.

La enfermedad de Newcastle está considerada por la Unión Europea como una enfermedad de máxima importancia sanitaria debido a su elevada capacidad de transmisión y a las importantes pérdidas económicas que puede ocasionar en la producción avícola. Aunque no representa un riesgo relevante para la salud humana, su aparición obliga a establecer zonas de protección y vigilancia, limitar movimientos de animales y aplicar medidas de control muy estrictas. Ambas resoluciones se apoyan en la normativa europea y en la Ley de Sanidad Animal para justificar estas actuaciones.

Las decisiones adoptadas por ambas comunidades reflejan una estrategia común: reforzar la vigilancia y la prevención antes de que la enfermedad pueda extenderse a nuevas zonas productoras. Sin embargo, también evidencian enfoques diferentes. La Comunitat Valenciana centra sus esfuerzos en conocer mejor la situación epidemiológica mediante controles, muestreos y evaluación de la inmunidad, mientras que Castilla y León incorpora medidas excepcionales de gestión de residuos biológicos y una vacunación obligatoria de alcance regional.

Con estas actuaciones, las administraciones buscan contener la enfermedad, proteger uno de los sectores ganaderos de mayor peso económico y minimizar el impacto sanitario y comercial que podría derivarse de una expansión del virus